Piden liberar a joven con síndrome de Down detenido por autoridades de inmigración

Un joven guatemalteco, cuya familia dice que necesita cuidados especiales porque tiene síndrome de Down, fue arrestado durante un reciente operativo del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Ahora sus familiares están implorando que sea liberado de un centro de detención para inmigrantes indocumentados en el sur de Florida.

Juan Gaspar-García fue una de las 28 personas detenidas en Fort Pierce el 28 de marzo, cuando agentes de Seguridad Interna allanaron una compañía de instalación de carpas, según dijo un familiar.

Gaspar-García, de 22 años, trabajaba en la compañía TentLogix junto a su hermano, cuyo nombre no fue revelado. El hermano de Gaspar-García fue liberado debido a que cuenta con la protección DACA que el gobierno otorga a jóvenes indocumentados que califiquen.

Pero Gaspar-García, quien inmigró a Estados Unidos cuando tenía 14 años, tras la muerte de su madre en Guatemala, no solicitó el DACA ni tiene otro estatus de protección migratoria y permanece detenido en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach.

Su hermana, Dolores Gaspar-García, publicó una petición en la página web somos.presente.org, pidiendo al senador republicano por Florida Marco Rubio que ayude a proteger a Juan Gaspar-García de la deportación.

“Mi hermano no tiene la capacidad de entender algunas situaciones sin que se las expliquen bien porque tiene síndrome de Down, y probablemente no entiende por qué está ahí ni qué está pasando”, dijo Dolores a el Nuevo Herald. “Además él tiene diabetes, toma medicamentos y es muy importante que esté con nosotros para recibir los cuidados especiales que necesita”.

Según Dolores, si Gaspar-García es deportado a Guatemala, no tiene a nadie que lo pueda cuidar en su país natal. Sus tres hermanos y su papá viven en Florida. En el 2007 el joven se graduó de la escuela secundaria South Fork High School, en la ciudad de Stuart, Florida en un programa especial para personas con discapacidades.

“Somos una familia de cuatro. Juan es el mayor pero siempre lo hemos visto como el menor debido a su retrazo en el desarrollo”, dijo Dolores en la petición. “En realidad él no sabe leer, escribir o expresarse bien y tartamudea cuando se pone nervioso. Estoy segura que en estos momentos me necesita”.

La oficina de Rubio no respondió a un pedido de información de el Nuevo Herald sobre si están al tanto del caso de Gaspar-García.

Un vocero de las autoridades de inmigración en Miami dijo el lunes por la tarde que no podía proveer información inmediatamente sobre el caso. No está claro cuál es el protocolo de las agencias federales en los casos de inmigrantes detenidos que sean discapacitados o tengan necesidades especiales.

“Cuando hablamos por teléfono me dijo que lo habían tenido que llevar a la clínica [en el centro de detención] la noche que llegó ahí”, dijo Dolores sobre su hermano. “Le sube el azúcar cuando se pone nervioso o tiene emociones fuertes, hay que chequearle la sangre”.

Aunque durante el allanamiento del 28 de marzo en la empresa TentLogix fueron arrestados casi 30 inmigrantes, las autoridades federales insisten en que no se trató de un operativo de inmigración, sino de un “registro por un caso delictivo”. Al llegar a registrar las oficinas, se encontraron con el grupo de empleados indocumentados, según las autoridades.

De acuerdo con su página web, la empresa ha instalado carpas para grandes galas y eventos como el torneo de tenis Miami Open, en Key Biscayne y en el concierto de música electrónica Ultra. Además, a través de la compañía Disaster Management Group, que pertenece a los propietarios de TentLogix y que opera en la misma dirección en Fort Pierce, brindan servicios a agencias del gobierno como “FEMA, General Services Administration y el ejército de Estados Unidos”, dice el sitio web.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, las autoridades han aplicado las leyes de inmigración de manera más enérgica, resultando en un aumento del 30 por ciento en los arrestos de inmigrantes indocumentados del 2016 al 2017.

El 25 de enero del 2017, Trump firmó una orden ejecutiva que le otorga a ICE autoridad para detener a inmigrantes indocumentados en EEUU, independientemente de si tienen antecedentes penales o no. La administración del ex presidente Barack Obama decía que se enfocaba en arrestar a inmigrantes que hayan cometido delitos graves y exhortaba a los agentes de inmigración a ejercer discreción en cuanto a los arrestos.

La familia de Gaspar-García ahora está consultando con una abogada que ya se comunicó con el joven pero les preocupa el costo del servicio legal.

“Vamos a ver como lo podemos pagar”, dijo Dolores, quien también contactó a la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), tras escuchar a un activista de esa organización hablar sobre los derechos de los inmigrantes en un programa radial comunitario.

“De los 1.8 millones de dreamers que califican para DACA, sólo 800,000 solicitaron la protección”, dijo Julio Calderón, el activista de FLIC. “Mucha gente se preguntó ‘¿qué va a pasar con el otro millón?’ Claramente que el caso de Juan [Gaspar-García] es la respuesta: aunque las autoridades digan lo contrario, serán detenidos y posiblemente deportados”.

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