Giro político en Ecuador pone en riesgo el asilo de Julian Assange

Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, el pasado 22 de noviembre.

El gobierno de Ecuador considera pedir una “mediación” para lograr un arreglo definitivo con Gran Bretaña ante la “insostenible” situación de Julian Assange, asilado desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres. Es la primera vez que Ecuador plantea una mediación para resolver el caso, en el que también están implicados Estados Unidos y Suecia.

“Estamos considerando también y explorando la posibilidad de una mediación (…) Puede ser un tercer país o una personalidad”, anunció ayer la canciller María Fernanda Espinosa.

“Ninguna solución se logrará sin la cooperación internacional y sin la cooperación de Gran Bretaña, que además se ha mostrado interesada en buscar una salida”, agregó sin dar más detalles, durante un desayuno con corresponsales extranjeros.

El fundador de WikiLeaks está refugiado desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por supuestos delitos sexuales, cargos que él niega.

  • El Dato: Es la primera vez que Ecuador plantea una mediación para resolver el caso, en el que también están implicados Estados Unidos y Suecia.

La fiscalía sueca archivó la investigación, pero Assange teme ser arrestado si deja la legación para ser extraditado a Estados Unidos y juzgado por la publicación en WikiLeaks de secretos militares y documentos diplomáticos estadounidenses en 2010.

Desde que le concedió el asilo, Quito espera que las autoridades británicas le entreguen un salvoconducto para que pueda salir de Reino Unido.

La canciller ecuatoriana aseguró que la situación de Assange “desde el punto de vista humano, no es sostenible”. “No puede vivir una persona en esas condiciones para siempre, y estamos buscando de manera muy respetuosa con Gran Bretaña para ver mecanismos de solución”, señaló.

La canciller ratificó por enésima vez el asilo que le concedió el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ahora enemistado con su sucesor y exaliado Lenín Moreno, a quien considera un “traidor” que se ha aliado con la oposición y quiere revertir los logros de su gobierno.

Correa, de vuelta en Ecuador para liderar la campaña por el ‘No’ en la consulta popular con la que el mandatario busca desterrar al correísmo, afirmó este lunes que el asilo a Assange “peligra grandemente” en el gobierno de su sucesor.

“Después de la consulta, ante la mínima presión de Estados Unidos, apoyan el bloqueo a Cuba, botan a Julian Assange de nuestra embajada”, denunció el exmandatario, firme defensor del asilo pese a que en el pasado cuestionó algunas declaraciones del fundador de WikiLeaks.

Sin embargo, Espinosa aseguró que la protección de Ecuador a Assange “sigue inalterada”, mientras “su integridad física y psicológica corran peligro”.

El gobierno de Moreno le ha pedido varias veces al ciberactivista que no haga declaraciones o actividades que puedan afectar a las relaciones internacionales de Ecuador, como ocurrió después de que el australiano mostrara su respaldo a los líderes independentistas catalanes y a la independencia declarada de manera unilateral por el parlamento de esa región de España.

Espinosa, que también tuvo varios cargos de responsabilidad en el gobierno socialista de Correa, se refirió también a los continuos rumores que circulan acerca del deterioro físico del ciberactivista tras tantos años encerrado en la pequeña legación diplomática de la capital británica.

“¿Cómo se sentirían después de cinco años y medio de estar en una pequeña oficina sin poder tomar la luz del sol y sin respirar aire fresco?”, preguntó a los periodistas.

“Hasta las personas que están en centros de detención pueden salir al patio, pueden hacer deporte. Eso no ocurre con Julian Assange su condición de confinamiento es muy complicada”, recordó.

Investiga legalidad en deuda de Correa

La Contraloría de Ecuador anunció el lunes que se realizará una auditoría a la deuda pública del país contraída en los últimos cinco años del gobierno del expresidente Rafael Correa, a fin de determinar su legalidad, las fuentes y el uso dado a los recursos.

Para realizar el estudio, la entidad de control creó un equipo con economistas, juristas y empresarios, quienes analizarán el procedimiento y la metodología de la deuda contraída entre enero de 2012 y mayo de 2017 y presentarán observaciones y recomendaciones a finales de abril.

La Contraloría decidió aplicar la auditoría tras un informe preliminar presentado por sus técnicos que reveló la existencia de una declaratoria de reserva y secreto de la documentación, y la exclusión de la venta anticipada de crudo de las operaciones de deuda, así como convenios suscritos entre instituciones públicas.

“Se dispuso la conformación de una observación ciudadana porque parto de la convicción de que el control público debe realizarse con participación ciudadana, que coadyuvan a la transparencia y confianza en la acción pública”, dijo el contralor Pablo Celi a la prensa.

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